El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deslindó de manera oficial cualquier responsabilidad administrativa o de seguridad respecto a la reciente fuga de un paciente.
Y es que el hombre de nacionalidad venezolana estuvo en el área de Psiquiatría del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa.
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El incidente ocurrió el pasado lunes 16 de febrero, aproximadamente a las 11:00 horas. El protagonista del escape fue identificado como Jesús Alberto Díaz García.
Según el reporte del agente del INPE, José Luis Romaña —quien se encontraba de turno en el nosocomio por otros servicios, mas no custodiando al implicado—, el hombre aprovechó un momento de distracción para evadir la seguridad hospitalaria.
Crónica de fuga
Testigos del hecho relataron que Díaz García saltó desde el auditorio hacia el área de repostería para ganar la calle.
La fuga se produjo en el instante en que un trabajador se dirigía a solicitar un formato de análisis a una enfermera, una brecha de vigilancia que el interno utilizó para desaparecer del recinto médico.
Ante las versiones que señalaban una supuesta negligencia penitenciaria, el INPE fue enfático en señalar que el ciudadano ya no dependía de su sistema de vigilancia directa.
INPE rechaza versión de fuga
La institución detalló el cronograma legal del sujeto: “El 4 de febrero del 2026, el Primer Juzgado Penal Colegiado de Arequipa ordena su libertad, debido a su condición de imputado con diagnóstico psiquiátrico“.
Agregó: “Y por mandato judicial del Cuarto Juzgado de Familia, dispone internarlo en el área de Psiquiatría del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa hasta el 4 de abril del presente año“.
Bajo este contexto, la entidad procedió al traslado el 5 de febrero, dejando al paciente en “total custodia del nosocomio”.
En su pronunciamiento oficial destacaron que el “el INPE ha cumplido cabalmente con las disposiciones de las autoridades competentes para el caso del interno y rechaza las informaciones tendenciosas que buscan responsabilizarlo del hecho de fuga”.
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El organismo reiteró su compromiso con el control y el principio de autoridad dentro de los establecimientos penitenciarios del país.
También instó a los medios a verificar la situación jurídica de los procesados antes de emitir juicios de valor.
