José Jerí tendrá abogado pagado con dinero público para enfrentar investigación por caso ‘Chifagate’

El Ejecutivo cubrirá con fondos públicos la defensa legal del presidente José Jerí para que enfrente investigación por el caso 'Chifagate'.

febrero 6, 2026 –
07:23.
Actualizado en febrero 6, 2026 –
07:29.
José Jerí
José Jer

El Ejecutivo cubrirá con fondos públicos la defensa legal de José Jerí, presidente del Perú, implicado en una investigación por presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado. La decisión responde a su derecho como servidor público y se limita a la etapa preliminar del proceso fiscal.

Autorización oficial del Despacho Presidencial

El Gobierno emitió la Resolución N.º 000005-2026-DP/SSG el 4 de febrero de 2026. Esta norma aprueba el beneficio de defensa y asesoría legal para José Jerí. Para empezar, la Subsecretaría General del Despacho Presidencial evaluó la solicitud del investigado. Así, declaró procedente el pedido.

Por otro lado, la Oficina General de Asesoría Jurídica emitió el Informe Legal N.º 000015-2026-DP/OGAJ. Este documento concluyó que Jerí cumplía todos los requisitos normativos. De hecho, no detectaron causales de improcedencia. Por ende, el Estado asumirá los costos durante la investigación preliminar.

Investigación fiscal en curso

La Fiscalía de la Nación abrió la Carpeta Fiscal N.º 15-2026 contra José Jerí  a raíz de las reuniones no registradas del mandatario con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

En esta etapa inicial, indaga los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.

Jerí presentó su solicitud el 29 de enero de 2026. Ante todo, argumentó que los hechos ocurrieron en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, la Fiscalía lo incluyó como investigado recientemente. Por lo tanto, el beneficio aplica solo a esta fase preliminar.

Costos y condiciones del beneficio para José Jerí

El Despacho Presidencial cubrirá los gastos con su presupuesto institucional. Sin embargo, Jerí deberá reembolsar los costos si el proceso determina su responsabilidad penal. Esta cláusula asegura control fiscal.

Por su parte, la Oficina General de Administración gestionará la contratación del servicio legal. Además, elaborará informes anuales de evaluación. Finalmente, la Oficina de Gestión Documental notificará la resolución en un día hábil.

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