La maquinaria política para las elecciones 2026 ya está en marcha, pero bajo una modalidad que genera controversia en la opinión pública.
Diversos partidos políticos con representación en el Congreso estarían utilizando las planillas estatales para sostener a sus cuadros electorales.
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El mecanismo detectado consiste en la contratación de militantes en cargos de confianza dentro del Parlamento para que estos financien sus actividades de campaña política.
Esta situación no distingue ideologías, pues involucra a agrupaciones de derecha, centro e izquierda que mantienen a sus candidatos bajo el régimen laboral legislativo.
Planillas parlamentarias para elecciones 2026
El uso de recursos públicos para fines proselitistas se habría convertido en un sistema permanente de financiamiento indirecto para las organizaciones.
Especialistas parlamentarios señalan que el Congreso permite contratar personal de confianza que, en la práctica, actúa como operador político en las regiones.
Candidatos de Alianza para el Progreso (APP), como Marisol Espinoza, figuran actualmente con sueldos que superan los S/19,000 mensuales en el Legislativo.
De igual forma, figuras vinculadas a César Acuña mantienen contratos vigentes mientras realizan recorridos proselitistas de cara a los próximos comicios.
En el caso de Podemos Perú, se han identificado trabajadores de la Universidad Telesup que hoy ocupan puestos estratégicos en diversas comisiones ordinarias.
Estas personas perciben no solo remuneraciones básicas, sino también bonos de productividad, gratificaciones y seguros privados financiados íntegramente por el Tesoro Público.
“Los candidatos al Congreso que van para la reelección son congresistas que van a su sueldo hasta el último minuto siendo candidatos. Todo eso se convierte en una fuente de financiamiento que no tienes forma de controlarlo“, advirtió Rodolfo Reyna, especialista parlamentario.
Partidos políticos y el uso de fondos públicos
La bancada de Perú Libre también presenta casos similares dentro de la Oficina de Cooperación Internacional, bajo la gestión de Waldemar Cerrón.
Varios candidatos de esta agrupación perciben sueldos entre los S/5,000 y S/19,000 mientras figuran activamente en las listas de inscripción partidaria.
Por su parte, en Fuerza Popular, secretarios nacionales de organización y comunicaciones ocupan cargos de asesores y técnicos con remuneraciones elevadas.
El acceso a dispositivos móviles de alta gama con planes ilimitados y refrigerios mensuales son parte de los beneficios que el Estado otorga a estos cuadros.
La normativa actual no prohíbe que un trabajador del Congreso milite en un partido, lo que facilita este despliegue logístico.
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Sin embargo, el cuestionamiento radica en el uso del tiempo laboral y el dinero de los contribuyentes para el posicionamiento de candidaturas electorales.
Esta dinámica permite que los partidos tercericen el costo de sus campañas, asegurando sueldos fijos para sus representantes hasta el día de la elección.
