Zamir Villaverde volvió al ojo de la tormenta al responder sobre los presuntos hilos de poder que rodean al entorno del expresidente Pedro Castillo y la existencia de material audiovisual que aún no ha visto la luz.
En entrevista con Beto Ortiz, , marcado por cuestionamientos sobre la seguridad de puntos estratégicos y la influencia de personajes políticos, dejó más dudas que certezas sobre la transparencia de los procesos actuales.
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El misterio de las cámaras y los videos faltantes
Uno de los puntos más críticos de la conversación giró en torno a la seguridad del Capón Market y el chifa de la avenida San Luis. Villaverde fue tajante al negar cualquier relación con la empresa responsable de las cámaras en dichos locales, deslindando responsabilidad sobre el manejo de las imágenes de seguridad.
Sin embargo, lanzó una hipótesis inquietante: la existencia de 19 videos adicionales que aún no se han hecho públicos. Según el empresario, este material podría estar en manos municipales o guardado bajo absoluta reserva, lo que alimentaría las presiones políticas para evitar su difusión.
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Zamir Villaverde: negativas y el factor Nicanor
Durante el intercambio, Ortiz planteó la premisa de que existirían sugerencias externas para que el mandatario se reúna con Villaverde, supuestamente para frenar la exposición de dichos videos. Villaverde no solo negó conocer a los dueños de las empresas de seguridad, sino que también desmarcó cualquier vínculo con figuras como Nicanor Boluarte o el empresario apodado ‘Tío Johnny‘.
“Desconozco por qué el presidente quisiera reunirse conmigo”, afirmó, anunciando que enviará una carta pública para esclarecer tales intenciones.
¿Estrategia legal o privilegios?
El historial judicial de Villaverde también fue objeto de escrutinio. Ante la interrogante de cómo logra obtener su libertad en tiempos récord —considerando sus antecedentes de 2007, 2013 y el caso Castillo en 2022—, el empresario atribuyó su éxito a una “buena estrategia de defensa”.
Sostuvo que sus aportes al Ministerio Público fueron determinantes y veraces, permitiendo identificar responsabilidades de altos funcionarios, lo que facilitó su salida de prisión en apenas cuatro meses durante el último proceso.
Este escenario deja abierta la pregunta sobre qué información contienen realmente los videos restantes y hasta qué punto la “colaboración” de Villaverde ha transformado el tablero político y judicial del país.
