El nombre de Zhihua Yang ha cobrado relevancia en la escena política tras revelarse reuniones fuera de agenda con el presidente de la República, José Jerí. Este ciudadano chino es señalado como el principal operador para los políticos que buscan acercamientos con las empresas chinas en Perú. Su influencia ha crecido desde su llegada al país en el año 2000.
En 2005, el empresario inició la expansión de su patrimonio con la compra de un inmueble en San Borja por 500,000 dólares. Este edificio, ubicado en la avenida San Luis, se convirtió en su centro de operaciones. Desde allí, gestiona diversas compañías del sector construcción que han logrado vínculos con figuras políticas y licitaciones públicas.
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La controversia radica en la falta de transparencia de estos encuentros. Analistas señalan que el mandatario acudió a una reunión privada en un establecimiento comercial sin registrar la visita. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre posibles beneficios o contratos con el Estado derivados de dichas comunicaciones directas y no oficiales.
Empresario chino: vínculos políticos y cuestionamientos por patrimonio cultural
Las actividades de Zhihua Yang abarcan múltiples sectores a través de firmas como Hidroeléctrica América S.A.C. y Tentda Cerámica S.A.C. Esta última habría recurrido a servicios de operadores vinculados al entorno presidencial. Asimismo, su empresa American SAMS S.A.C. obtuvo una licitación por 1,440,000 soles en la Municipalidad Provincial del Santa.
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El poder del empresario también alcanzó al Congreso de la República. Se le vincula con los polémicos viajes de parlamentarios a China, encuentros que no fueron transparentados debidamente. Además, formó parte de la delegación oficial que acompañó a la exmandataria Dina Boluarte en su visita al país asiático, consolidando su influencia política.
Finalmente, Yang enfrenta problemas legales por la edificación de un inmueble en el centro de Lima. El Ministerio de Cultura detectó la construcción de 13 pisos sin permisos en una zona de Patrimonio Cultural de la Nación. Pese a una orden de demolición emitida por la Dirección General de Defensa del Patrimonio, la estructura continúa operando sin restricciones.
