La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó un informe que recomienda suspender por 120 días a la congresista Lucinda Vásquez, tras una investigación por presunta contratación de familiares y recorte de sueldos a trabajadores de su despacho. La decisión fue adoptada por mayoría y ahora será evaluada por el pleno del Congreso de la República.
La medida incluye también el descuento de los haberes correspondientes al período de suspensión, mientras se aguarda la votación definitiva que determinará si la sanción entra en vigencia.
Informe y votación en Comisión de Ética
El grupo de trabajo respaldó el informe final con cuatro votos a favor, uno en contra y una abstención, considerando que existirían indicios de una conducta contraria a la ética parlamentaria.
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El presidente de la comisión, Elvis Vergara, indicó que el caso ya fue elevado al pleno del Congreso, donde será debatido y sometido a votación en las próximas sesiones.
Denuncias que originaron investigación
En mayo de 2025, una investigación periodística reveló que la legisladora habría contratado a familiares directos en su despacho y exigido recortes salariales a sus trabajadores.
Las acusaciones fueron presentadas ante la Comisión de Ética por Walter Tello Ramírez y Natalia Vásquez Sangama, exasesores de Vásquez, quienes señalaron una presunta vulneración a los principios del ejercicio parlamentario.
Presunta contratación de familiares en el despacho
Según lo expuesto, al menos tres sobrinos de la congresista por la región San Martín habrían laborado en su despacho: Jimmy Pinchi Pezo como coordinador, Edwar Rengifo Pezo como auxiliar y Kenyi Castro Rivas como técnico.
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Los sueldos asignados a estos cargos habrían sido de 3,146, 3,600 y 7,200 soles, respectivamente, lo que reforzó los cuestionamientos sobre un posible caso de nepotismo.
Otras acusaciones que agravan el caso
El reportaje también señaló que Marti Frans Villacorta Vásquez, hijo de la parlamentaria, habría visitado su despacho en más de 130 oportunidades e incluso realizado gestiones institucionales sin figurar como trabajador del Parlamento.
A ello se sumó la denuncia de Walter Tello, exasesor principal, quien afirmó que él y otros empleados fueron obligados a entregar parte de sus sueldos a la congresista “en diferentes modalidades”, hecho que terminó de sustentar el informe aprobado por la Comisión de Ética.
Se aprobó por MAYORÍA la nueva votación del Informe Final del Exp. N.° 216-2024-2025/CEP-CR, seguido contra la congresista Lucinda Vásquez Vela.
— Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) January 12, 2026
