El gobierno de José Jerí dio un giro decisivo en su política migratoria tras activar un estado de emergencia que modifica el esquema de vigilancia en la frontera sur. La medida llega en un contexto de incremento de ingresos irregulares desde Chile.
Con el decreto rigiendo, el Poder Ejecutivo sostuvo que la intervención forma parte de un plan articulado para abordar la presión migratoria, el cual involucra nuevas coordinaciones con el Gobierno de Chile.
Refuerzo de seguridad en distritos fronterizos tras estado de emergencia
El dispositivo publicado el último viernes 28 de noviembre establece el estado de emergencia en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, zonas que concentran el mayor flujo de extranjeros sin documentación.
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El documento oficial precisa que la decisión busca reforzar la seguridad en la zona de frontera con Chile para evitar el ingreso de extranjeros sin documentación ni cumplir con los requisitos para ingresar al Perú.
Jerí se pronuncia tras publicación de decreto
Minutos después de la publicación del decreto, el propio jefe de Estado se pronunció en X para confirmar el operativo conjunto en la región Tacna.
“Hecho. Declaratoria del estado de emergencia en Tacna. Se inicia así el despliegue de las FF. AA. para resguardar con la PNP nuestras fronteras”, escribió Jerí.
Hecho. Declaratoria del Estado de Emergencia en Tacna. Se inicia así el despliegue de las FFAA para resguardar con la PNP nuestras fronteras. pic.twitter.com/cKviaSF5rp
— José Jerí (@josejeriore) November 29, 2025
Su post refuerza la línea adoptada por el Ejecutivo, orientada a cerrar los espacios que permiten el traslado informal de ciudadanos extranjeros hacia territorio peruano.
Coordinación binacional con Chile
Previo al anuncio presidencial, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, comunicó que Perú y Chile acordaron instalar un comité binacional para atender la emergencia migratoria que afecta el paso fronterizo.
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“No tenemos las condiciones ni las capacidades para recibir más migrantes. Nuestras capacidades están colmadas, por lo que el país aplicará de manera estricta las leyes peruanas”, expresó De Zela.
Vigencia y protocolos operativos
La declaratoria regirá durante 60 días y coloca a la Policía Nacional a cargo del orden interno, con apoyo estratégico de las Fuerzas Armadas en las zonas de mayor riesgo detectadas por inteligencia.
El decreto añade que “las acciones de control y vigilancia se realizan en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerando estipulaciones de las Cartillas de Seguridad en las áreas próximas a las fronteras, acordadas bilateralmente por las Fuerzas Armadas de los países vecinos”.
