En menos de una semana, la violencia criminal cobró la vida de dos jueces de paz en distintas regiones del país. Los asesinatos de Víctor Hugo López de la Cruz, en La Libertad, y Jorge Renato Fernández Sánchez, en Cañete, han generado una enérgica respuesta por parte del Poder Judicial, que exige acciones firmes contra la delincuencia.
Una semana marcada por la violencia: dos jueces asesinados
El primer crimen ocurrió el domingo 5 de octubre en el distrito de Quilmaná, provincia de Cañete. El juez de paz Jorge Renato Fernández Sánchez fue interceptado por desconocidos mientras se desplazaba en su vehículo por la zona alta del sector Maracuyá.
Según los informes, los sicarios le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte de forma inmediata. Este ataque directo ha sido calificado como un acto de amedrentamiento contra el sistema de justicia local. La Corte Superior de Cañete lamentó el suceso.
La ola de violencia no se detuvo y, días después, alcanzó la región norte del país, específicamente al distrito de Chicama, en La Libertad. El viernes 10 de octubre, fue asesinado el juez de paz Víctor Hugo López de la Cruz, un hecho que ha conmocionado a la comunidad.
Las versiones preliminares de la investigación señalan que el asesinato estaría vinculado a su labor. El crimen se habría producido por su negativa a otorgar certificados de posesión de terrenos de manera irregular, a pesar de las amenazas que había estado recibiendo.
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¿Qué son los jueces de paz?
Los jueces de paz son autoridades que administran justicia en localidades donde no existe un juzgado letrado. Su rol es fundamental para resolver conflictos cotidianos y su labor, especialmente en disputas por tierras, los expone a presiones y amenazas por parte del crimen organizado.
Poder Judicial se pronuncia
Durante la ceremonia por el XV aniversario de la Corte Superior de Lima Sur, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, expresó su enérgica condena por el asesinato de los dos magistrados, quienes perdieron la vida a manos de la delincuencia que azota el país.
“Con la muerte de los dos jueces de paz, todas y todos nos debemos sentir muy afectados”, señaló la autoridad judicial.
En su discurso, compartió el dolor de los familiares y destacó el compromiso de los magistrados con la ley, como en el caso del juez de paz de Chicama.
Sostuvo que la muerte de Víctor Hugo López de la Cruz se produjo por cumplir con la ley y no haber cedido ante las amenazas relacionadas con la expedición de certificados de posesión de terrenos que no correspondían. Este acto, según Tello, demuestra la integridad de la víctima.
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Asimismo, Tello Gilardi indicó que el contexto político y social actual coloca una vez más al Poder Judicial a la vanguardia. Afirmó que es necesario implementar mecanismos eficaces en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la impunidad.
En esa línea, expresó que, si bien existe una unidad de flagrancia piloto, la apuesta es que en el futuro se implemente una unidad modelo con mayor capacidad operativa. Estas unidades buscan procesar y sancionar de manera rápida los delitos, reduciendo la impunidad.
“Los jueces y juezas que en su momento estén a cargo de los juzgados de flagrancia, deben responder de manera firme, pues en el Código existe la posibilidad de dictar penas cortas, pero efectivas, esa es la manera de cómo debemos responder en estos momentos”, indicó.
