Lima amaneció paralizada. No se trata de una protesta sindical, sino de un desesperado llamado a la supervivencia de miles de conductores. Por esa razón, este lunes 6 de octubre llevó a cabo un paro de transportistas 24 horas que generó el caso en Lima y Callao.
Esta acción pone en evidencia una realidad innegable: la extorsión y el sicariato están devorando al Perú. Detrás de cada bus detenido, se esconde una trágica historia de muertes, amenazas y balas ante la inacción del Estado.
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El detonante fue el reciente asesinato de Daniel José Cedeño Alfonso, conductor venezolano de la empresa Lipetsa, acribillado la noche del sábado 4 de octubre mientras cubría su ruta en San Juan de Miraflores.
El ataque no fue un robo ni una discusión; solo ráfagas de balas contra un trabajador profesional en pleno servicio con usuarios a bordo.
Eso llevó a que la Cámara Internacional del Transporte (CIT), a través de su director Martín Ojeda, anunció este ‘apagado de motores‘ para exigir acciones concretas.
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Cifras de terror
Según cifras de la Policía Nacional, la violencia en el transporte público es una epidemia. Entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año, se registraron 46 muertes violentas de choferes, cobradores y ayudantes, con otras 23 bajo investigación.
Las amenazas son constantes: si no se paga el “cupo”, queman el bus; si denuncian, los matan. Más del 80% de las extorsiones se vinculan a bandas organizadas.
Temor latente
Miguel Palomino, presidente de la Asociación de Transportistas, quien llegó al Congreso para buscar soluciones a la criminalidad contra los conductores, reflejo el miedo que hay por ser otra víctima de los extorsionadores.
“Lo que hemos venido a pedir es que no queremos morir, no queremos que nos maten, tenemos miedo en trabajar. Mis compañeros ante la prensa lloraban. Tengo miedo cuando se me cruza una moto. Tengo miedo el Estado y la extorsión”, manifestó a Palomino a ‘ContraCorriente’.
Impacto económico por el paro de transportistas
Cuando el transporte se detiene, el país entero resiente el impacto. La paralización genera pérdidas económicas significativas. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que el paro provoca pérdidas superiores a los 100 millones de soles diarios en los sectores de comercio, servicios y transporte.
Por su parte, la Asociación de Mypes del Perú calcula que las pérdidas diarias oscilan entre 30 y 40 millones de soles. Solo en Gamarra, un polo textil clave, la afluencia de público ha caído entre 30% y 40%, lo que pone en riesgo miles de puestos de trabajo.
La presión del paro forzó al Gobierno a establecer una mesa de diálogo en el Congreso. Sin embargo, los transportistas han sido claros: si no hay respuestas concretas, el paro se extenderá a 48 horas.
Aunque el Ministerio del Interior anuncia nuevos planes de patrullaje, refuerzos y unidades de inteligencia en las calles, el crimen opera impunemente y parece ir siempre un paso adelante.
La muerte de Daniel José Cedeño, quien era un padre de familia inmigrante, es un símbolo de cómo la delincuencia se ha vuelto una rutina en el país.
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