El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, comunicó que exigirá a Brookfield el pago de una indemnización superior a los S/3 mil millones para el Estado peruano.
Esta medida surge como consecuencia directa de la liquidación y disolución de la concesionaria Rutas de Lima.
López Aliaga pedirá indemnización
“Vamos a pedir, y apunten bonito, que Brookfield le pague al Perú una indemnización superior a los 3 mil millones de solares, que nos compensen todo el daño que nos han hecho”, afirmó el burgomaestre.
Durante un evento público en San Martín de Porres, López Aliaga adelantó que solicitará formalmente al Concejo Metropolitano la aprobación de una moción para iniciar acciones civiles contra la empresa canadiense.
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Rafael López Aliaga: “Que nos devuelvan todo el dinero”
El objetivo, según sus declaraciones, es la recuperación de fondos vinculados a lo que calificó como un contrato de origen ilícito.
“Que nos devuelvan todo el dinero que se ha tirado acá partiendo de un contrato corrupto, es muy simple”, agregó la autoridad edil.
Brookfield compró acciones de Rutas de Lima
El conflicto tiene sus raíces en el año 2016, cuando Brookfield adquirió el 57% de las acciones de Rutas de Lima. Dicha participación pertenecía a la constructora brasileña Odebrecht.
Las investigaciones del caso Lava Jato señalan que Odebrecht habría obtenido la concesión original a través de pagos ilícitos a la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, lo que pone en tela de juicio la legitimidad del acuerdo desde su inicio.
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Brookfield anuncia retiro del Perú
En un giro reciente, Brookfield, el fondo de inversión canadiense que controlaba Rutas de Lima, anunció su retiro del Perú. Para la empresa, el escenario de inseguridad jurídica y los arbitrajes en curso hacían insostenible su permanencia. La Municipalidad, en cambio, interpretó este hecho como una confirmación de que los contratos se firmaron en condiciones perjudiciales para la ciudad.
Caso se define en el CIADI
Aunque la salida de Brookfield abre una nueva etapa, la batalla legal no ha terminado. Los procesos de arbitraje internacional en el CIADI continúan su curso y podrían representar un costo millonario para la ciudad, dejando abierta la discusión sobre el peso de la seguridad jurídica frente al derecho de los ciudadanos.
