Esta es la historia de una madre que busca justicia para su hija; justicia que paradójicamente, alega, le fue arrebatada por el juez Raúl Justiniano.
En enero del 2024, la Diviac realizó un operativo en el que detuvo a más de 300 personas por presuntamente pertenecer a una organización criminal que operaba bajo empresas fachadas de call center para extorsionar a sus víctimas.
Una de las detenidas fue Guadalupe Castro Barreda, de 29 años, quien ahora se encuentra recluida en un penal porque pesa sobre ella una orden de prisión preventiva firmada por el juez Justiniano.
“Le pido todos los días al Señor que me la regrese [a mi hija], que me la tenga acá, que me la traiga, que le dé libertad”, sostuvo la madre de la afectada.
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ELEMENTOS DE CONVICCIÓN NO LA SEÑALAN
La defensa ha presentado pruebas documentadas del trabajo de Guadalupe Castro, como mails que sustentan los reportes de injerencias que la joven informaba, pero aún así permanece detenida por 15 meses.
Según lo estipulado en el artículo 283 del código procesal penal, se debe dar una revisión de oficio pasando los seis meses de dictada la prisión preventiva; sin embargo, tuvo que pasar más de 1 año para que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria convoque una audiencia.
No obstante, es el propio fiscal de este juzgado que reconoce, frente al juez Raúl Justiniano, que “en honor a la verdad”, los 229 elementos de convicción presentados hacen referencia a otros investigados y no a la imputada.
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Sería la decisión deliberada del juez Raúl Justiniano quien, a pesar de no tener elementos de convicción en contra de la investigada, además de una declaración de la Fiscalía que corrobora ello, mantiene presa a Guadalupe Castro. Pero no es únicamente el magistrado quien tendría una actitud cuestionable en este caso.
“En una entrevista que tuve con el fiscal Díaz Tantaleán, nos propuso que mi patrocinada sea una colaboradora eficaz. Este fiscal está a cargo de la investigación, cosa que no hemos aceptado porque para que mi representante sea colaboradora tendría que aceptar responsabilidad, pero ¿qué va a aceptar si es inocente? El pedido explícito del fiscal es que ella se acoja a la colaboración eficaz”, señaló Marco Antonio Narváez, abogado de la recluida.
LA CARTA DE LA RECLUIDA
Es otro caso que probaría el método ilegal de algunos fiscales, al presionar a los investigados y convencerlos de acogerse a la colaboración eficaz para conducir la investigación fuera de los parámetros legales.
“Es tanta la desesperación que tiene mi hija que quiere declararse culpable. Ella me dice: mamá, ¿tú sabes qué es estar aquí en el penal? Es horrible'”, expresó la progenitora.
A pesar de que la fiscalía le ha dado la razón a la defensa de Guadalupe, no fue suficiente para que el juez Justiniano, que no necesariamente es justo, le diera libertad. La imputada, desde el penal de Santa Mónica, se comunicó con ‘ContraCorriente’ mediante una carta.
“Desgraciadamente me trajeron a este lugar, sin tener culpabilidad, pagando algo que no realicé. Ya son 16 meses que llevo presa, investigada, por el delito de organización criminal. Un delito tan grave que en mi peor pesadilla pensé pasar por esto. Revisen mis cuentas, solo ganaba sueldo básico. Mi familia no es de la economía alta. Estar en este lugar es muy desesperante. Es terrible vivir en estas condiciones, solo pido que se haga justicia y que pronto pueda volver a estar junto a mi familia. Dios los bendiga”, es lo que escribió la recluida.
El juez Raúl Justiniano Romero fue suspendido por seis meses por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, por la detención excesiva de sus investigados, y ha sido removido de la Sala Penal Nacional y devuelto a su corte de origen en el Santa.
El caso de Guadalupe Castro señala la misma falta al juez que, sin pruebas, ha retenido a una investigada casi año y medio.
