Padres deudores y sentenciados por hurto simple podrían ser liberados. El Ministerio de Justicia planea implementar asistencia legal gratuita para aquellos presos que hayan cometido delitos menores y así ayudarlos a salir de la cárcel.
Esta medida responde a un intento de eliminar el hacinamiento en los penales que actualmente tienen una población de más de 100 mil reclusos en todo el país.
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Para la abogada Nory Calagua, especialista en derecho penal y familiar, esta podría tratarse de una salida peligrosa por parte del Poder Ejecutivo.
“Las personas que están privadas de su libertad es porque ya no han existido otros mecanismos para que cumplan con la pensión de alimentos. Lo que ocurres es que las penas que brindan son suspendidas, muchos de los casos llegan a acuerdos para poder pagar esta pensión de alimentos de forma fraccionada”, habló en diálogo con ‘WillaxNoticias’.
“Hay que valorar bien a quiénes se pretende dejar en libertad“
Por su parte, Enrique Alcántara, ministro de Justicia, advirtió que mantener en prisión a quienes no cumplen con el pago de una pensión de alimentos genera un círculo vicioso, pues el recluso no tendrá la capacidad de generar los ingresos necesarios para pagar esta deuda.
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Cabe precisar que en nuestro país, el incumplimiento de esta obligación parental puede conllevar una pena de hasta tres años de prisión. La condena es similar cuando se trata de hurto simple. Sin embargo, la abogada hace una advertencia respecto a este último delito.
“Es posible que por el delito de hurto simple ¿quiénes estén privados de su libertad? Porque la pena es baja. No son aquellos que han incurrido por primera vez en el delito, son aquellos que posiblemente ya sean reincidentes. Entonces hay que valorar bien a quiénes se pretende dejar en libertad”,
De acuerdo al ministro de Justicia, actualmente existen cerca de 5 mil presos por omisión de asistencia familiar.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional extendió hasta el 2030 el plazo para que el Poder Ejecutivo resuelva el problema de hacinamiento en los penales del país, luego de que el Gobierno de Dina Boluarte solicitara una prórroga.
La decisión se dio tras vencerse el plazo original de 5 años concedido en el 2020 y que concluyó el pasado lunes 26 de mayo.
