Diversas voces del ámbito económico y técnico han expresado su rechazo contundente al predictamen del Proyecto de Ley N.º 9778/2024-CR, debatido en la Comisión de Justicia del Congreso de la República.
Esta iniciativa propone modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional con el fin de restringir la participación del sector privado en la actividad portuaria, lo que en la práctica implicaría una estatización encubierta del sistema portuario nacional.
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Especialistas advierten que esta propuesta representa un grave retroceso frente a los avances logrados en las últimas dos décadas, periodo en el cual el sistema portuario del país ha mejorado significativamente en modernización, eficiencia y competitividad gracias a la inversión privada.
“En los últimos 15 años se han ejecutado más de $2,300 millones en inversión privada en el sector portuario, lo que ha permitido que se duplique el volumen de contenedores manejados en puertos nacionales. Esto ha hecho posible que los productos peruanos lleguen a más destinos en todo el mundo“, manifestó David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de economía.
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Una norma sin sustento técnico ni económico
El proyecto propone eliminar los puertos 100% privados, y solo permitir la participación de empresas en sociedad con el Estado, pero con porcentajes menores al 40% y por plazos máximos de 10 años.
“Se ha demostrado una y otra vez que el Estado no es un buen empresario. ¿Queremos acaso repetir la historia de Petroperú ahora en los puertos? Veamos el caso de Ilo, un puerto que se ha mantenido en administración pública. Desde el 2011, la carga manejada por Ilo se ha mantenido prácticamente invariable. En el mismo periodo, la carga manejada por el puerto del Callao, administrado por operadores privados, se multiplicó por tres, superando los 40 millones de toneladas métricas. Ahí está la diferencia”, remarcó Milton Von Hesse, exministro de vivienda, construcción y saneamiento y de agricultura.
Además de afectar gravemente el futuro desarrollo del sector portuario, el proyecto pasa por alto la existencia de contratos de concesión vigentes, así como compromisos de inversión, cuya situación sería incierta ante la eventual aprobación de la iniciativa.
“Cambiar las reglas a mitad del partido solo genera incertidumbre y podría derivar en controversias legales internacionales. Más aún, afectaría la credibilidad del país como destino de inversiones“, indicó Tuesta.
