El informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por incurrir presuntamente en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
El documento, formulado en el marco del caso Puente Tarata, concluye que el mandatario, el exsecretario Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Según las investigaciones de la comisión presidida por Héctor Ventura, el Consorcio Puente Tarata III habría entregado dinero al jefe de Estado a través de Karelim López y Tapusa, una de las empresas del consorcio, a Juan Silva a través de Villaverde.
Sobre los ascensos en el Ejército, el informe también recomienda formular acusación constitucional contra Castillo y el exministro de defensa Walter Ayala por el presunto delito de tráfico de influencias.
Además, sobre las reuniones en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, el documento insta a acusar al mandatario, y a los exfuncionarios Juan Silva y Juan Carrasco, por los presuntos delitos de organización criminal, negociación y aprovechamiento indebido del cargo.
Informe será debatido este jueves, 30 de junio, por la Comisión de Fiscalización, luego de que el dignatario se negara a recibir a los integrantes en Palacio de Gobierno.
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