Una vez más del Instituto de Defensa Legal (IDL). Queda al descubierto el 'modus operandi' de esta ONG para obstruir, acosar y denunciar a la empresa privada en el Perú.
Los personajes en acción son el de Carlos Rivera Paz, representante de esta organización no gubernamental, y Lucila Pautrat Oyarzún, una ciudadana chilena instalada en el país que dice tener otra similar entidad llamada Kené.
La ONG IDL y su subsidiaria Kené han denunciado en 16 oportunidades a la empresa de capitales norteamericanos OchoSur, instalada en Ucayali, que ha sufrido en ocho años la obstrucción de sus operaciones de extracción de palma aceitera. Las denuncias, todas archivadas, van desde trata de personas hasta organización criminal.
A continuación, ContraCorriente llegó a dicha localidad para conversar con las comunidades que rodean a la empresa cuestionada, donde se deja en evidencia el engaño al cual señala IDL.
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