El presidente de la República, Pedro Castillo, fue implicado en las pesquisas que la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro realiza sobre el caso Puente Tarata, millonaria obra adjudicada por Provías Descentralizado a un consorcio relacionado a la lobista Karelim López, luego de que esta visitara Palacio de Gobierno.
Según la resolución judicial del juez Manuel Chuyo, que ordena la detención preliminar de 11 personas, la representante del Ministerio Público considera que Castillo, sus sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, así como el empresario Zamir Villaverde, presuntamente formaban parte de una mafia que otorgaba contratos de forma irregular en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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La magistrada fundamenta su presunción en las declaraciones que López dio ante su despacho el 9 y 17 de marzo, y también en otros elementos de convicción.
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