El fiscal de lavado de activos, Ángel Astocondor Villalobos, recomendó en un informe presentar una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, por presuntamente ser parte del "brazo legal" de una organización criminal que operaría en Perú Libre.
El documento se encuentra en manos del titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, desde hace varias semanas. En el mismo se indica que la supuesta red criminal habría ejercido influencia en los poderes Ejecutivo y Legislativo para la promulgación de leyes en su favor.
El informe advierte que se trata de normas que "perjudicarían o impedirían el correcto desarrollo de la investigación seguida contra la organización criminal Perú Libre".
El documento, de 200 páginas, recuerda, por ejemplo, un proyecto de ley que presentó Cerrón en octubre último para que partidos políticos no puedan ser investigados como organizaciones criminales. La iniciativa fue aprobada por el Pleno del Parlamento en mayo pasado y, un mes después, promulgada por la propia mandataria.
Según el fiscal, la presunta organización criminal "habría aprovechado que el investigado Cerrón ostenta el cargo de congresista de la República, perteneciente al grupo parlamentario Perú Libre, para que se presente proyectos de ley que busquen modificar la normativa penal, procesal constitucional (…), en favor de sus miembros".
