Como consecuencia del déficit de capacidad de albergue (sobrepoblación), el Gobierno de Perú declaró en emergencia, por un plazo de 24 meses, el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La norma señala que la medida se implementa, además, para optimizar la prestación de servicios de resocialización de las personas privadas de libertad.
Ante tal situación, se dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabore la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria en 45 días, con la finalidad de garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
A la fecha, el sistema penitenciario atraviesa una aguda crisis por la sobrepoblación en los penales, que han rebasado su capacidad, así como por la falta de medios necesarios que imposibilita los procesos de resocialización.
A agosto de 2024, dicho sistema alberga un total de 98,127 personas privadas de su libertad, en los 69 establecimientos penitenciarios existentes, aún cuando tienen capacidad solo para 41,556, lo que produce una sobrepoblación de 136 %.
“Al 2023, solo el 50.2 % de la población privada de libertad se encontraba en establecimientos con condiciones adecuadas de infraestructura y servicios”, indica la norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano.
