Política
La jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, informó que tras la sesión del Consejo de Ministros, se acordó encargar a Servir y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos evaluar una acción de inconstitucionalidad por la ley que elimina progresivamente el régimen CAS.
En conferencia de prensa, mencionó, además, la necesidad de entablar un diálogo con el Congreso de la República, a efectos de compartir con ellos los impactos de la ley aprobada.
“Hicimos una evaluación a la ley 31131, conocida como la ley CAS y lo primero que se destacó es el compromiso del Gobierno con un servicio civil meritocrático, organizado y respetuoso de los derechos laborales de todos los servidores públicos. Sin embargo, evaluamos que en el texto de la ley aprobada se dejó de lado la implementación de la carrera pública\", manifestó Bermúdez.
En esa medida, se analizó que una de sus disposiciones de la mencionada norma, prohíbe la contratación de personal bajo el régimen CAS a partir de su vigencia, es decir desde el 09 de marzo, lo que generó un problema en las contrataciones en diversas entidades.
La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros explicó que esta paralización en la contratación de personal podría tener consecuencias en los servicios esenciales que se prestan a la población.
Bermúdez informó también que se decidió avanzar en la implementación del Servicio Civil porque es fundamental cumplir también con la intensión del Congreso de la República, de que todos los servidores públicos cuenten con sus derechos reconocidos por la Constitución y las leyes.
En segundo lugar, la jefa del Gabinete detalló que se acordó emitir un dispositivo legal como una medida inmediata y temporal, para que ningún servicio del Estado deje de atender por carecer de recursos humanos.
Violeta Bermúdez explicó que es necesario contar con los profesores para la continuación del año escolar, garantizar la contratación del personal para la atención de la pandemia y el proceso de vacunación.
“Hemos acordado encargar a Servir y al Ministerio de Justicia la evaluación de una posible acción de inconstitucionalidad contra la mencionada ley, pero también entablar un diálogo con el Congreso de la República para compartir con ellos los impactos de la ley aprobada en el funcionamiento de los servicios que se brindan a la población a través de dos mil entidades públicas a nivel nacional y la necesidad de compartir con ellos el por qué de estas medidas transitorias”, sostuvo.
Precisamente, el pasado 4 de marzo, el Congreso de la República, aprobó por mayoría la insistencia de la autógrafa que elimina en forma progresiva el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el sector público.
CON INFORMACIÓN DE ANDINA
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