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Alberto Beingolea sobre investigación en su contra: "No tengo nada que ocultar, el trabajo se realizó"

"Seguiré explicando lo que haga falta porque no tengo nada que ocultar", aseguró el excandidato presidencial.


Portada: Alberto Beingolea sobre investigación en su contra: "No tengo nada que ocultar, el trabajo se realizó" Alberto Beingolea, excandidato presidencial del PPC.

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Redacción Willax TV Redacción Willax TV

El excandidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC) se refirió al pedido de 10 años de prisión en su contra por un presunto acto de corrupción en el Gobierno Regional del Callao.

De acuerdo al Ministerio Público, el abogado fue contratado entre febrero y marzo del 2019 para brindar servicios de asesoría legal. No obstante, el servicio no se habría concretado, pese a que este aseguró que sí. 

"Los funcionarios públicos y quienes hemos servido al Estado tenemos que estar llanos a todo tipo de investigación, pero que esta sea medianamente correcta. Después de más de tres años de investigación se ha determinado que hay un pedacito que tengo que explicar más y seguiré explicando lo que haga falta porque no tengo nada que ocultar: el trabajo se realizó, tenía los requisitos para realizar el trabajo y no tendría por qué estar siendo acusado", dijo a RPP Noticias. 

"Una persona me hace una denuncia una semana antes de unas elecciones para el Congreso de la República y mi reacción es la que siempre sería: investíguenme. Si hay una denuncia, que Fiscalía investigue. Está bien. Somos funcionarios públicos sometidos a esta investigación. Se abre, explico todo, me quedo tranquilo, no supe más del tema, pasó la pandemia y después me enteré que venía esta investigación cada vez más cargada. Después de tres años, concluye Fiscalía diciendo que de todo este lapso de tiempo no pasa nada, pero este contrato inicial que duró 70 días, de menor cuantía, aquí sí hay colusión", señaló. 

La acusación también incluye a José Abelardo Izquierdo Rodríguez, quien era el encargado de Adquisiciones de Bienes y Servicios del gobierno regional del Primer Puerto, por lo cual, se pide 9 años de cárcel.

 

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